Hace unas semanas publicamos un informe analizando la viabilidad y las consecuencias de la dolarización de la economía, la principal propuesta económica de Javier Milei. En esta ocasión nos centramos otra de sus propuestas relevantes en materia económica: el llamado plan motosierra o reducción drástica del gasto público.
“1. REDUCCIÓN DRÁSTICA DEL GASTO PÚBLICO LUEGO DEL REORDENAMIENTO DEL ESTADO. ASPIRAMOS A REDUCIR GASTOS POR 15% DEL PBI. ESTA SERÁ LA PRIMERA TAREA A LA QUE NOS ABOCAREMOS EN MATERIA ECONÓMICA”.
El Plan de Gobierno de La Libertad Avanza propone achicar el gasto público por el equivalente al 15% del Producto Bruto Interno. En distintas declaraciones mediáticas, los referentes del espacio afirmaron que el ajuste recaerá sobre la obra pública, las transferencias discrecionales a las provincias, los subsidios a la energía y el transporte, y particularmente sobre “la política”, sin afectar el gasto social, que es el principal componente del gasto.
Más allá de que un ajuste semejante no es deseable y tendría profundas consecuencias negativas sobre la economía y la sociedad argentina, en este informe nos proponemos evaluar su viabilidad y mostrar que, contrariamente a lo que se afirma desde el espacio de Milei, no se puede realizar un ajuste de estas características sin afectar directamente a las jubilaciones y las prestaciones sociales, así como al gasto en la salud y la educación públicas. El gasto en “la política” (sueldos de funcionarios y empleados públicos supuestamente “ñoquis” que ingresaron al Estado con alguna gestión pasada) es muy pequeño.
En ese sentido, si analizamos el gasto público consolidado de los últimos 20 años, se puede ver una tendencia creciente en donde la previsión social tiene una relevancia creciente. Más de dos tercios del gasto primario total corresponden a gasto social, que incluye, en orden de importancia, a: previsión social; salud; educación, cultura y ciencia y técnica; promoción y asistencia social; y trabajo.
Gasto público consolidado del sector público por finalidad y función. Como porcentaje del PBI.
Fuente: Ministerio de Economía.
En 2022, el gasto público consolidado de todo el “Sector Público Argentino No Financiero” ascendió a 39,3% del PBI. Sin embargo, gran parte de este gasto fue realizado por las provincias y, en menor medida, los municipios. De ganar las elecciones, La Libertad Avanza sólo controlaría el gasto realizado por el Sector Público Nacional, dado que no ha ganado ninguna elección provincial o municipal. Como analizaremos más adelante, la única manera de incidir en el gasto de provincias y municipios es recortando sus ingresos.
Entonces, el gasto del Sector Público Nacional el año pasado se ubicó en 22,1% del PBI. Esto incluye al Poder Judicial, el Poder Legislativo, todos los ministerios del Poder Ejecutivo, los organismos descentralizados (como las Universidades Nacionales), las instituciones de la seguridad social (como ANSES), el PAMI y las empresas públicas, entre otros. Por lo tanto, recortar 15 puntos del PBI implicaría eliminar poco más dos tercios del total de estos gastos.
En la tabla a continuación, se puede ver que las prestaciones sociales representan la mitad del gasto total, un 11,3% del PBI. Por lejos, es el mayor componente del gasto. En ese sentido, la propuesta de recortar el gasto por el equivalente a un 15% del PBI sin afectar el gasto social se revela imposible sin mucho más análisis, solo hay que hacer las cuentas: si el gasto total son 22 puntos del PBI y no se toca la mitad, quedan como máximo 10,8 puntos sobre el PBI para recortar.
Fuente: MECON, ONP.
Alguien podría pensar, con razón, que, si no recortan 15 puntos, pero sí 10,8, serían bastante fieles a su plataforma electoral, porque se trataría un ajuste enorme. Veamos ahora si se pueden recortar esos 10,8 puntos restantes tan fácilmente.
Empecemos de abajo para arriba: en 2022, el pago de intereses de deuda representó 1,8% del PBI. Salvo que Milei proponga un default o una reestructuración forzosa de toda la deuda -algo que no suena muy propio de un candidato “pro mercado” y es incompatible con el objetivo de dolarizar, que requeriría un grado mayor o menor de endeudamiento- hay otros casi dos puntos que tampoco podría recortar. Además, en los próximos años, dados los pagos de deuda crecientes, este concepto incrementaría su peso. Por lo pronto, quedan 9 puntos para recortar.
La obra pública (“gasto de capital” en la tabla precedente) es uno de los blancos más claros del recorte propuesto por el espacio de Milei, por lo que ahí tenemos los primeros puntos del PBI que “podemos” contar. Luego, dentro de los “gastos corrientes”, tenemos 0,4 p.p. de “otros gastos”. Si bien no sabemos que son, podemos contarlos y así llegar a 2% del PBI.
Por otro lado, están las transferencias a universidades, por 0,6% del PBI. Si bien el candidato libertario propone pasar a un sistema de vouchers, y terminar con la educación pública y gratuita, recientemente Ramiro Marra dijo que se trata de una reforma para un segundo mandato y que, en el interín, planean subir los sueldos de los docentes. Por lo tanto, ese 0,6% del PBI no solo no podría achicarse, sino que, además, tendría que subir (a menos que lo declarado sea una mentira electoral).
Algo similar ocurre con las transferencias corrientes a las provincias. Por un lado, Milei dijo que terminaría con este gasto discrecional (el gobierno nacional financia a las provincias más allá de la coparticipación de impuestos establecida por ley). Pero, según los datos de la última ejecución presupuestaria provincial 2022, los principales gastos provinciales son la salud, la educación y, en algunas provincias, la seguridad social -que se encuentran descentralizadas y no dependen directamente del Estado Nacional. Por lo que, si dicen que van a promover una suba de salarios de médicos y docentes, entonces no sería muy lógico que corten parte del financiamiento del gasto provincial. Se trata de un gasto por 0,7% del PBI que es, de mínima, incompatible recortar, de acuerdo con sus propuestas.
Ejecución presupuestaria provincial, 4to trimestre 2022
Fuente: Ministerio de Economía. Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP).
Sigamos con los “gastos de funcionamiento”. Son un 3,1% del PBI que engloban básicamente los sueldos (de “la política”, pero también de todos los empleados) y también incluyen los gastos en seguridad y defensa. Si bien Milei dice que va a recortar a “la casta”, es evidente que no puede echar a toda la planta de empleados públicos: no todos son políticos y alguien tiene que trabajar para que el Estado realice las funciones mínimas que le quieren dejar.
Hicimos un ejercicio para tratar de establecer cuánto del gasto en salarios, que es el 75% de los gastos de funcionamiento, se puede adjudicar a “la política”. Con la información presupuestaria se puede conocer a qué se destina el presupuesto de la Administración Pública Nacional con bastante nivel de detalle. En la tabla a continuación se detalla todo el gasto en personal en 2022, al mayor nivel de desagregación posible. Con una X marcamos todo lo que podría, en una lectura que no compartimos, asociarse de alguna forma a gastos de “la política” o en beneficios para “la casta”.
Gastos en personal. 2022.
Fuente: presupuesto abierto, MECON.
Se advierte que el gasto específico en funcionarios es insignificante: el “gabinete de autoridades superiores” representó el 0,2% del total y las “retribuciones al personal directivo y de control” fueron directamente el 0,0001%. Si sumamos las “Retribuciones al cargo”, que son más significativas, alcanzamos el 39,6% del total del gasto en salarios. Aunque quizás las “retribuciones al cargo” no refieran específicamente a los cargos de funcionarios, sino a todos los sueldos (entendiendo “cargo” como la designación de un grado y un nivel de la escala salarial). Si incorporamos también todos los beneficios y compensaciones, adicionales y complementos (que benefician a toda la planta de personal, pero supongamos que “la política” los reparte sólo entre los propios), llegamos al 49,9% del total, la mitad. Es decir que, con un gran esfuerzo ajustador, y bajo la imposibilidad de hacer una distinción clara y taxativa de los tipos de empleados, se podría recortar 1,2% del PBI (el 50% del gasto en salarios, que a su vez es el 75% del gasto de funcionamiento, que es 3,1% del PBI).
Vale señalar que las declaraciones de los candidatos de LLA respecto de este tema muestran un profundo desconocimiento del funcionamiento del Estado. Además de descalificar a los empleados públicos bajo el adjetivo de “ñoquis”, suponen que son fácilmente distinguibles los empleados “de carrera” (y “trabajadores”), de los empleados que entraron con alguna gestión pasada (y se habrían quedado, como “capas que se acumulan”, pero sin trabajar). Cualquiera que haya estado alguna vez en un Ministerio sabe que esto no funciona así. Como en casi cualquier ámbito laboral, la planta de trabajadores es ampliamente heterogénea, e independiente de la cantidad de años trabajados o signo político bajo el cual fueron contratados.
Sin embargo, Victoria Villarruel afirmó el mes pasado en un programa de televisión que su intención es subir el presupuesto en Defensa del 0,6% al 2% del PBI. Por lo tanto, aun si redujeran los salarios de la política y eso significara un recorte de la partida de gastos de funcionamiento, el aumento propuesto más que compensa esa reducción.
Por último, tenemos los subsidios económicos, que son los subsidios al consumo de energía (electricidad, gas y agua) y al transporte. Sin ahondar demasiado en la factibilidad de hacerlo, podemos sumar este gasto (2,6% del PBI) al paquete de recortes, porque fue directamente señalado por Javier Milei.
En síntesis, si recortan los gastos de capital, los otros gastos corrientes y los subsidios económicos, el ajuste sólo alcanzaría el 4,6% del PBI, muy lejos del 15% propuesto.
En síntesis, vemos que, como en varias propuestas económicas de LLA, no hay un fundamento concreto que las justifique. Un recorte de 15% del PBI no es factible si se toman en cuenta las declaraciones del equipo de Milei. Con esto no queremos decir que un recorte del 4,6% sí sería posible o deseable. Una quita total de subsidios o la eliminación del gasto en obra pública tendría consecuencias económicas y sociales fuertemente negativas. Al mismo tiempo, cualquier ajuste de semejante dimensión que se haga sobre el Gasto Público tendrá un efecto recesivo en la economía.
Dada la incongruencia entre la propuesta y los datos analizados, hay dos opciones. O se trata de una consigna vacía, desprovista de un contenido real, que descansa sobre la base de un profundo desconocimiento del funcionamiento del Estado y del Sector Público en general. O en las consideraciones respecto a esta propuesta se esconde una mentira: sí se planea un enorme recorte del gasto público, pero transversal, afectando no solo a los subsidios y la obra pública, sino también a la inversión en educación, salud, jubilaciones y las prestaciones sociales.